jueves, 12 de julio de 2018

El recorte de las jubilaciones, en la cuerda floja


El Fiscal Gabriel de Vedia afirmó que en marzo pasado el aumento de las jubilaciones se debería haber pagado con la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, sancionada en 2009. No se pronunció sobre la nueva fórmula pero reconoció "la progresividad" de los derechos de los jubilados.
Imagen: Guadalupe Lombardo
El fiscal Gabriel de Vedia firmó cinco dictámenes a favor de los amparos que reclamaron la inconstitucionalidad de la reforma previsional de Cambiemos, sancionada en diciembre en medio de una violenta represión de Gendarmería en las inmediaciones del Congreso Nacional. El fiscal señaló que la retroactividad de la norma aprobada por el oficialismo, que cambió la fórmula de actualización de las jubilaciones, no se ajusta la Constitución Nacional y advirtió que los aumentos de las jubilaciones, las pensiones y la Asignación  Universal por Hijo deberán ser revisados para determinar si fueron inferiores a los establecidos por la ley de movilidad jubilatoria, sancionada en 2009. 
De Vedia indicó en los diferentes escritos, radicados en distintos juzgados, que los aumentos de marzo debieron calcularse con la vieja fórmula, que contemplaba un incremento de las jubiliaciones del 14,5 por ciento, en lugar del 5,7 aplicado, según él, de manera inconstitucional. “La retroactividad es inconstitucional, no quedan dudas y no creo que a esta altura alguien sostenga que es constitucional porque estaba vigente la otra ley”, afirmó el fiscal a Página/12. La ley 27.426, vigente desde el 29 de diciembre de 2017, retrotrajo su aplicación a julio del mismo año, momento durante el cual regía la Ley 26.417, que establecía otra fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria. De Vedia ratificó, tal como señalaban los jubilados, que la ley anterior era más beneficiosa. 
La reforma previsional de Cambiemos contemplaba la modificación de la fórmula para calcular los aumentos, que dejaba de estar supeditada al aumento de los salarios y de la recaudación y pasaba a calcularse por una combinación de la inflación y, en menor proporción, de los salarios. Tras su aprobación, los jubilados reclamaron que el Estado respetase la progresividad de sus derechos y que pagara los incrementos de acuerdo con la fórmula anterior. Respecto de este último punto, el fiscal no fue concluyente. “Todavía no digo que es inconstitucional porque hay que ver qué sucede y cómo evolucionan los índices. Pero sí advierto un viso de regresividad”, advirtió De Vedia. 
El impacto sobre los jubilados a partir del haber de marzo, tal como develó Página/12 es el siguiente: en marzo, abril y mayo, los jubilados deberían haber cobrado una suba del 14,5 por ciento y no del 5,7 por ciento. Son 8310 pesos frente a 7660 pesos, una diferencia acumulada de 1950 pesos en el trimestre. En junio, julio y agosto comenzó a regir el segundo aumento de la nueva fórmula, que fue del 5,7 por ciento y elevó el haber a 8096 pesos. La diferencia entre 8310 pesos y 8096 pesos es de 642 acumulados en el trimestre. Hasta ahí, el efecto negativo acumulado del pago cuestionado por la Justicia es de 2592 pesos en la jubilación mínima. 
Por eso la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró en junio inconstitucional el pago de marzo a los jubilados porque, tal como De Vedia, entendió que tenía que aplicarse la fórmula anterior. Al fundamentar su decisión, el fiscal recordó que fue el propio gobierno el que admitió la pérdida de valor adquisitivo al otorgar un bono por única vez. De Vedia declaró inconstitucional también al decreto 1058/2017 porque afirmó que “no zanja la diferencia” y además “es discriminatorio con los que cobran más de 10 mil pesos de jubilación porque no les permite cobrarlo”. 
Ese decreto presidencial, sancionado en diciembre del año pasado, otorgó además un pago extraordinario, por única vez, de 750 pesos para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hubieran cumplido los años de aportes y edad para acceder al beneficio y cuyos haberes devengados al mes de marzo de 2018 fueran inferiores a $ 10.000; $ 375 para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hubieran accedido al beneficio a través de moratorias y cuyos haberes devengados al mes de marzo de 2018 fueran inferiores a $ 10.000, como así también para los beneficiarios de la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas y $ 400 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUHPS).
Fuente:Pagina/12

martes, 10 de julio de 2018

Proteccionismo o apertura: EE UU creó dos millones de empleos en 2017

 Como señala el diario El Pais, EE.UU ha creado una importante cantidad de puestos de trabajo, será acaso que ¿el debate del fin del trabajo se debe dar entre proteccionismo o apertura?

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El mercado laboral rindió mejor de lo esperado el primer año de la presidencia Trump pese a moderarse la contratación








El presidente Donadl Trump durante un mitin en Florida
El presidente Donadl Trump durante un mitin en Florida REUTERS
La economía de Estados Unidos cerró el año con la creación de 2,05 millones de empleos. De ese total, 148.000 nuevos ocupados se registraron en el mes de diciembre. La tasa de paro, entretanto, queda en el 4,1%. Lo complicado será repetir esta tendencia tan sólida en 2018, con un mercado laboral que está en una situación de pleno empleo y porque se hace más complicado cubrir las vacantes porque las empresas no dan con trabajadores cualificados.
La creación de empleo en 2017 avanzó más rápido de lo esperado, pese a que el ritmo de contratación se haya moderado a nivel de 2011 y de que la lectura de diciembre es algo más suave de lo anticipado. EE UU lleva, en todo caso, siete años generando puestos de trabajo a una media anual que supera los dos millones, igualando el registro de la década de 1990. El presidente Donald Trump atribuye este rendimiento a la confianza que genera su plan económico.
El sólido dato de empleo se conoce, además, un día después de que el índice Dow Jones rompiera la barrera de los 25.000 puntos, tras repuntar un 36% desde que Trump ganara las elecciones. “La agenda de bajar impuesto, reducir la regulación y ampliar las oportunidades para todos está dando grandes resultados económicos”, asegura el mandatario republicano, “las familias de clase media son los grandes ganadores”.
Los analistas de Moody´s no niegan que pueda tener un efecto positivo, pero señalan que la actual Administración está construyendo sobre los logros de la presidencia de Barack Obama y también contribuye que la economía global está creciendo de una manera sincronizada por primera vez desde la crisis financiera. La tasa de paro es la más baja en 17 años y está al nivel del pleno empleo.


El gran reto, como indicó Janet Yellen en su última rueda de prensa como presidenta de la Reserva Federal, es que las empresas den con el empleo cualificado que necesitan. “Está teniendo dificultad para dar con empleados”, dijo, “por eso esperamos que el ritmo de contratación se modere”. La National Federation of Independent Busnisses calcula que el 30% de las pymes tienen vacantes.

Vacantes

El ritmo de creación de empleo, además, es más rápido que el crecimiento de la población activa. La tasa de participación laboral está en el 62,7%. Moody´s advierte en este sentido que llegará un momento en el que la contratación se estanque. “Hay ya cerca de seis millones de vacantes”, dice, “nunca se vio algo así”. Las políticas en inmigración, advierte, restringen aún más la mano de obra.
El impulso adicional que puede dar la reforma fiscal al crecimiento económico se considera modesto y será temporal. La Fed proyecta que la economía crecerá un 2,5% este año, un ritmo muy similar al que se espera para el conjunto de 2017. En el segundo y el tercer trimestre lo hizo a una tasa anualizada por encima del 3%. La estimación actual del banco central es que se modere al 2% en 2019.
El banco central de EE UU, por tanto, no ve realista el crecimiento superior al 3% que promete Trump y no tiene claro el efecto de la rebaja de impuestos en el empleo. Moody´s calcula que podría aportar 300.000 nuevos ocupados adicionales. La previsión, en todo caso, es que el ritmo de contratación se modere a un ritmo de 154.000 ocupados de media al mes para final de 2018, frente a 171.000 de media en 2017.
El mercado laboral seguiría así la tendencia que se observa desde 2014, cuando se tocó techo con la creación de tres millones de nuevos empleos. “Es un proceso natural”, indican desde JP Morgan Chase. El dato preliminar de 2017 está a nivel de hace seis años. Esta combinación de factores, sin embargo, podría provocar una aceleración en el alza de los salarios y elevar la presión del lado de la inflación.

Salarios

Las remuneraciones subieron un 2,5% en el año. Lo normal en una fase expansiva de la economía es que lo haga por encima del 3%. Lo razonable, según los economistas de JP Morgan, es que en la coyuntura actual, la mejora de las condiciones del mercado laboral se refleje más bien en un alza de los salarios que en una mayor creación de empleo. Eso, a su vez, podría elevar los precios.
Janet Yellen presidirá a final de mes su última reunión al frente de la Fed. El banco central de EE UU subió los tipos en diciembre a una banda entre el 1,25% y el 1,5%. Su sucesor, Jerome Powell, se comprometió a dar continuidad a su estrategia de retirada gradual de los estímulos. Pero también se da flexibilidad al modular la política monetaria para evitar un recalentamiento de la economía.
La intención de la Fed es realizar tres incrementos más en 2018, pero el acta de la última reunión muestra que hay división entre los miembros sobre el ritmo a seguir a partir de ahora. Eso hace posible que haya un incremento de tipos cada trimestre si el efecto de la reforma fiscal es mayor del esperado y la inflación se acelera. Hay otros miembros que no lo tienen tan claro y prefieren ir con más cautela.
Fuente:ElPais

El decreto de Macri dará de baja más de seis mil contratos

Despidos masivos por debajo de la mesa
El presidente Macri y la directora del FMI, Christine Lagarde.Además de congelar los ingresos a la Administración Pública Nacional hasta diciembre de 2019, el decreto publicado hoy dejará sin trabajo a fin de año a más de 6000 trabajadores precarizados. Es por la decisión del Gobierno de eliminar las contrataciones de Asistencia Técnica a través de universidades.
El presidente Macri y la directora del FMI, Christine Lagarde. 
Imagen: Twitter Mauricio Macri
El recorte de trabajadores estatales oficializado esta mañana mediante el decreto 632/2018, con la firma del propio presidente Macri, incluyó de manera encubierta un anuncio de despidos masivos: más de 6000 trabajadores estatales precarizados se quedarán sin trabajo a partir de 2019. Se trata de los empleados que actualmente están contratados mediante la modalidad de Asistencia Técnica a través de universidades, entre 6000 y 7000 empleados distribuidos en todas las áreas del Estado. Según especificó el decreto, todos los contratos celebrados con universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales, “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”.

Esta mañana el Gobierno oficializó el decreto para avanzar con el ajuste en el Estado, algo que ya había anunciado el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, junto con el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, un mes atrás. El ajuste va en la línea de achique del gasto público reclamado por el FMI para reducir el déficit fiscal. 
Lo que no estaba claro era hasta donde llegaría el plan de ajuste en los trabajadores estatales. Menos, que el recorte contemplaría más de 6000 nuevos despidos.  
Si bien el decreto se presentó como un freno a nuevas contrataciones en las áreas del Poder Ejecutivo, salvo algunas excepciones, el artículo 3 deja sin efecto los convenios de Servicios de Asistencia Técnica celebrados con las universidades a partir del 1º de enero de 2019. Según los gremios estatales, actualmente hay bajo esta modalidad de contratación entre 6000 y 7000 trabajadores, con cinco años de antigüedad en promedio.
Los despidos serán efectivos ya que el mismo decreto estipula que esos trabajadores no pueden ser contratados mediante otra modalidad. En primer lugar, porque el artículo 1º del decreto congela las contrataciones y designaciones de personal “de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019” y, en segundo lugar, porque la norma aclara que “no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales” como se hacía a través de las universidades.
“Los trabajadores son contratados por los organismos y trabajan para el organismo. El vínculo con la universidad es algo meramente administrativo, porque como no hay restricción para pagar consultorías ese dinero se usa para pagar sueldos”, le dijo a Página/12 Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital, entidad que representa al 70 por ciento de los estatales nacionales. Según el dirigente, la mayoría de los trabajadores contratados bajo esta modalidad se desempeñan en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Justicia, aunque en menor medida.
Además de dar de baja a los contratados por universidades, para Fernández el decreto abre la puerta a cientos de despidos más. “El decreto es un anuncio de ajuste muy amplio porque pone en revisión las estructuras de todos los organismos descentralizados. Con la excusa de bajar los cargos políticos, cuando dan de baja alguna jefatura lo que terminan haciendo es eliminar áreas enteras y, por lo tanto, más despidos”, remarcó el dirigente, en referencia al artículo 11 del decreto. Además, la norma pide la revisión del “régimen de empleo y de contratación” y de “la estructura salarial, régimen de compensaciones, y la planificación de gastos en personal” prevista para el próximo año a fin de realizar una “evaluación integral en el marco del objetivo de equilibrio presupuestario”. En base a esa evaluación, se podrían prever más despidos.   
“En el Estado hay cerca de 60.000 mil trabajadores entre contratos de asistencia técnica, consultorías y monotributistas, que encubren una relación de empleo y que no tienen estabilidad. Todos ellos hacen tareas permanentes aunque sus contratos digan que no. El decreto dice que sólo van a haber concursos internos, donde se pueden presentar empleados con más de diez años de antigüedad. O sea que están diciendo que no van a regularizar de ninguna manera a quienes tienen menos de diez años”, remarcó Fernández.
Desde el Ministerio de Modernización aclararon que son 5800 los trabajadores contratados bajo la modalidad de Asistencia Técnica y que la norma no suspende los convenios con las universidades para otro tipo de consultoría. La prohibición queda sujeta a las contrataciones de empleados a través de esas partidas presupuestarias. También aseguraron que los trabajadores serán contratados bajo otra modalidad, algo que contradice lo dispuesto en el artículo 1º del decreto que prohíbe nuevas contrataciones de personal “de cualquier naturaleza”.
Fuente:Pagina/12

viernes, 6 de julio de 2018

La demora del pago a los docentes generó incidentes en Lomas de Zamora

Una nueva provocación de Vidal
Agredidos, golpeados por la Policía Bonaerense y sin sueldo. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, que hasta el mediodía de hoy no habían cobrado sus haberes, fueron reprimidos frente a la sucursal del Banco Provincia, en el centro de Lomas de Zamora, mientras reclamaban la acreditación de sus sueldos. Habían sido convocados por la seccional local de Suteba, bajo la consigna "¿Dónde está la plata de los sueldos docentes?". La respuesta fue un pequeño pero agresivo operativo de la Bonaerense, que provocó a los educadores, los agredió y amenazó con detenerlos. 
"¡Laburá! Afeitate primero", se escucha la provocación de la policía contra uno de los manifestantes. La reacción de algunos docentes generó una respuesta violenta por parte de los uniformados, que maniataron, empujaron y arrojaron contra el suelo a uno de los trabajadores que intentó separar a policías y docentes como si se tratara de una pelea a la salida de un bar. 
El descontrol generado por la Policía duró varios minutos con golpes y amenazas, gritos, intentos de evitar el enfrentamiento y advertencias de los docentes presentes: "¡Ey!, somos trabajadores", "¡No cobramos, loco!". 
La escaramuza generada por la Policía terminó sin detenciones pero con algunos contusos. Poco después, los organizadores de la movilización, micrófono en mano, informaron que "los salarios están acreditados". "Los salarios estaban depositados desde primera hora de la mañana, por eso no hay duda que fue una provocación más del gobierno de María Eugenia Vidal", lamentó uno de los dirigentes presentes. 
Fuente:Pagina/12

martes, 3 de julio de 2018

Empobrecerse: el único derecho garantizado

Rafael Borràs Ensenyat


Zygmunt Bauman —en su libro Desconocidos en la puerta de casa— nos advertía sobre «la angustia agobiante» de la llamada clase mediana por «la alta probabilidad de caer en la pobreza». Son las consecuencias de la globalización neoliberal y de los programas europeos de austeridad sin piedad para los débiles. Cada vez resulta más evidente que en el Reino de España, verdaderamente, no es la economía en mayúsculas -con reparto y sostenibilidad ecológica de verdad— lo que ha mejorado, sino que la única mejora sustancial sólo afecta a la situación de las clases poderosas.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística español (INE), es un instrumento imprescindible para intentar objetivar esta angustia. Pero, antes de analizar, aunque sea sucintamente, los resultados de 2017, recientemente publicados, conviene hacer dos consideraciones previas:
Primera: Cuando, de acuerdo con la ECV, se habla de personas pobres, con riesgo de pobreza o de exclusión social, no nos referimos sólo a la situación de la gente que pide limosna a la puerta de, por ejemplo, una iglesia o un supermercado, o de la que es usuaria permanente de los servicios sociales. En estas categorías están incluidas las personas con unos ingresos económicos y en especie que no los permiten llegar a final de mes con las necesidades básicas decentemente atendidas. Por ejemplo: no pueden hacer frente al coste de una cesta de alimentos suficientemente sana, el dinero no les alcanza para atender un copago farmacéutico, los recibos de alquiler, de la comunidad de vecinos, o de la luz, una actividad extraescolar, o los gastos de los libros de texto, o no les llega el presupuesto para cambiarse las gafas, o pagarse la salud bucodental. Son personas para las cuales unos días de vacaciones al año, o unos módicos consumos culturales son lujos inalcanzables.
Segunda consideración: el “umbral de pobreza” equivale al 60% de la media española de ingresos en el año anterior al de la encuesta, por unidad de consumo (persona u hogar). En lo que hace referencia a la ECV de 2017, este umbral ha quedado fijado para las personas en 8.522 €/año (313 € más que el año anterior). Es imprescindible tener en cuenta que esta es una cifra media que incorpora, como todos los indicadores de renta del INE o de la Agencia Tributaria, rentas muy elevadas y rentas extraordinariamente modestas. Esto podría estar indicando que la situación de pobreza y las diferencias sociales se extreman. Dicho de otra manera, cada vez hay más personas y hogares muy por debajo de este umbral de pobreza. Por otro lado, hay que tener en consideración la distorsión geográfica de este indicador, puesto que, dado el coste de la vida, las carencias materiales serán más severas si se vive, por ejemplo, en Palma, que si se reside en Lugo.
Dicho lo anterior, anotemos los principales resultados: el porcentaje de población en riesgo de pobreza —que no supera el umbral de pobreza— se situó en el conjunto del estado español en un 21,6%, un 0,7% menos que el año anterior. Pero atención: en los Países Catalanes, especialmente en las Islas Baleares, el porcentaje de riesgo de pobreza de 2017 es superior al de 2016, puesto que Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano registran, respectivamente, un 15%, 21,3% y 25,6% para 2017, frente a un 13,2%, 15,5%, y 24,4% del año anterior.
No obstante, interesa poner especialmente de relieve que el indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion)- que es el homologado en la UE, y que, además de si se llega o no al umbral de la pobreza, incorpora elementos de calidad en la ocupación y de carencias materiales- presenta resultados con la misma tendencia que el anterior: el estado español un 26,6% en 2017 versus un 27,9% en 2016; Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano, un 19,4%, 24,7% y 31,3% en 2017 versus un 17,9%, 19,1%, y 30,5% en 2016.
Antes de continuar, aclaro que las referencias a los Países Catalanes (el conjunto de comunidades autónomas de habla catalana, y con grandes lazos históricos y culturales) se justifican por el hecho de que una versión previa y más breve de este artículo fue publicada originalmente en un periódico cuyo ámbito lingüístico y de distribución son, precisamente, los Países Catalanes. Ahora añado otra justificación que es más importante: Estas tres comunidades autónomas han puesto recientemente en funcionamiento nuevos subsidios condicionados (Renta Valenciana de Inclusión, Renta Social Garantizada de Baleares, y Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya). Los tres incorporan novedades diferenciadas en cada caso, pero les une una característica nada novedosa, como es su inutilidad para la erradicación de la pobreza y/o del riesgo de exclusion social.
La ECV nos proporciona mucha más información que la que se ha comentado en las líneas precedentes. Por ejemplo, en conjunto del Reino de España, se constata que la pobreza sigue teniendo cara de mujer (tasa femenina de riesgo de pobreza 22,2% vs. tasa masculina 21%, y AROPE 27,1% para las mujeres vs 26% para los hombres); que la pobreza infantil es intolerable, puesto que el 28,1% de la población de menos de 16 años está en riesgo de pobreza, y el 31% en riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador AROPE; y que la perdurable reforma laboral precarizadora cronifica situaciones de exclusión social, incluso para las personas que tienen un trabajo (mal) remunerado, puesto que, al menos, el 46,3% de las personas ocupadas tienen dificultades para llegar a fin de mes.
En cuanto a las carencias materiales concretas, el panorama es el siguiente: en el 34,4% de los hogares ninguno de sus miembros puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; en el 8,3% no se puede mantener la vivienda con una temperatura adecuada; en el 37,3% no se tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (por ejemplo, una enfermedad, una subida del alquiler, etc.); y en el 7,4% ha habido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibidos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses.
En fin, con las imperfecciones que se quiera, la ECV permite una, digamos, bastante precisa fotografía del empobrecimiento y de las carencias materiales que padece la población. Una información que convine no obviar ya que permite evidenciar que, sin una Renta Básica (universal, incondicional, individual, suficiente, y complementaria al que conocemos como Estado del Bienestar), el único derecho garantizado de verdad para los y las débiles es el de empobrecerse. Es esta una agobiante angustia de consecuencias inciertas.
(Nota: Una versión en catalán y más breve de este artículo fue publicada en el diario JORNADA del 23 de junio de 2018).
Fuente:Sin Permiso

lunes, 2 de julio de 2018

Despidos y temor de cierre


La decisión de la empresa de dar asueto este lunes encendió las alarmas de los trabajadores, que se manifiestan en la puerta de la planta. El viernes habían sido despedidos dos empleados.
Casi 300 empleados de la fábrica de motos Guerrero se manifestaban en las puertas de la planta ensambladora, ubicada en la localidad santafecina de San Lorenzo, frente al temor del cierre de la empresa, que esta mañana apareció cerrada con candado. Los trabajadores del turno mañana recibieron correos electrónicos durante el fin de semana con el aviso de que la fábrica no abriría sus puertas, luego de que el viernes fueran despedidos dos operarios, lo que encendió las alarmas en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que solicitó la intervención de la cartera laboral provincial. 
El delegado de SMATA, Ernesto Rojas, detalló que los despidos ocurridos el viernes pasado fueron "sin causa", mientras que la empresa argumentó que la decisión fue tomada por la "caída de ventas". "Estamos al tanto de que han mermado bastante las ventas de la empresa. Cuando nos notificaron hace 20 días de esta problemática, dijimos que íbamos a acompañar a la empresa con lo que sea, banco de horas, suspensiones, turnos rotativos, todo para sobrepasar la crisis", dijo Rojas en declaraciones al canal local SL24.
Sin embargo, la decisión de la empresa de dar asueto para este lunes encendió las alarmas definitivamente. Por eso, los trabajadores que recibieron el correo de aviso durante el fin de semanas, los que se encontraron las puertas cerradas cuando llegaron a cumplir su turno y los delegados gremiales se convocaron a la puerta de la planta para exigir explicaciones y la intervención del Ministerio de Trabajo provincial. En tanto, fuentes de la empresa consultadas por la agencia NA, indicaron que la planta no abrió debido a que los directivos esperaban una manifestación del SMATA por los dos despidos del viernes. 
La firma construye más de 400 unidades por día en cuatro líneas de producción motorizadas, centros de mecanizados, bancos de prueba, cabina de pintura, horno de secado, tornería y herrería, para lo que destina un equipo de 280 personas. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), la cantidad de motos patentadas durante mayo bajó 7,4 por ciento respecto de abril, y aunque se seguía manteniendo un 10,3 por ciento por encima en la comparación interanual, se espera una disminución fuerte de las ventas debido a la devaluación. 
"Lo que la empresa nos dice es lo que realmente está pasando: han mermado las ventas. No es la primera crisis que atraviesa Guerrero y nosotros estamos dispuestos a acompañar, pero no de esta manera con despidos sin causa", insistió Rojas desde la puerta de la planta. El cierre de la esambladora no impactaría solo en los 280 operarios sino en un total de 2500 puestos de trabajos relacionados con la fábrica de motos. 
La situación del sector atraviesa una crisis que quedó reflejada a mediados de mayo pasado con el recorte de 130 contratos en la emsabladora de la empresa Motomel, en la localidad bonaerense de San Nicolás, que se completó con el adelanto de vacaciones para cerrar sus puertos por 15 días. 
Fuente:Pagina/12

viernes, 29 de junio de 2018

Trabajadores ocuparon el Conicet contra el ajuste en Ciencia y Tecnología



Fecha: 29/06/2018   07:02

Cerca de 600 becarios tomaron de manera pacífica el Ministerio de Ciencia· Las protestas se replican en los Centro Científicos Tecnológicos de otras partes del país
El gobierno de Mauricio Macri avanza a paso firme en su política de profundizar el ajuste a instancias del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa avanzada no dejó sin afectar al ministerio de Ciencia y Tecnología que conduce desde su creación durante el gobierno de Cristina Kirchner, Lino Barañao.

Cerca de 600 trabajadores del Conicet tomaron este jueves de forma pacífica la sede del ministerio ubicada en el barrio de Palermo así como también los Centros Científicos Tecnológicos Conicet de La Plata, Mendoza y Bariloche.

Además encabezan movilizaciones en todo el país. Los becarios llevan adelante este plan de lucha contra la intención dle gobierno nacional de congelar sus salarios y no otorgarles ningún aumento en un contexto inflacionario alto. En la actualidad los ingresos de los becarios apenas superan la línea de pobreza que mide el Indec.
Los salarios de los becarios se ajustan de acuerdo a la paritaria de la administración pública nacional sin embargo este año no recibieron siquiera el insuficente 15% que acordó UPCN.

A esta situación se suma el reclamo a partir de la nota publicada en La Nación el lunes pasado en la que se reveló que el gobierno de Macri impuso una nueva forma de reclutamiento de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la ex SIDE, que incluye empadronar a sus nuevos efectivos como "becarios del Conicet".
Fuente:Derf