Despidos masivos por debajo de la mesa
Además
de congelar los ingresos a la Administración Pública Nacional hasta
diciembre de 2019, el decreto publicado hoy dejará sin trabajo a fin de
año a más de 6000 trabajadores precarizados. Es por la decisión del
Gobierno de eliminar las contrataciones de Asistencia Técnica a través
de universidades.
El presidente Macri y la directora del FMI, Christine Lagarde.
Imagen: Twitter Mauricio Macri
Imagen: Twitter Mauricio Macri
El
recorte de trabajadores estatales oficializado esta mañana mediante el
decreto 632/2018, con la firma del propio presidente Macri, incluyó de
manera encubierta un anuncio de despidos masivos: más de 6000
trabajadores estatales precarizados se quedarán sin trabajo a partir de
2019. Se trata de los empleados que actualmente están contratados
mediante la modalidad de Asistencia Técnica a través de universidades,
entre 6000 y 7000 empleados distribuidos en todas las áreas del Estado.
Según especificó el decreto, todos los contratos celebrados con
universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales,
“quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”.
Esta
mañana el Gobierno oficializó el decreto para avanzar con el ajuste en
el Estado, algo que ya había anunciado el ministro de Modernización,
Andrés Ibarra, junto con el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, un mes
atrás. El ajuste va en la línea de achique del gasto público reclamado
por el FMI para reducir el déficit fiscal.
Lo que no estaba claro era hasta donde llegaría el plan de ajuste en
los trabajadores estatales. Menos, que el recorte contemplaría más de
6000 nuevos despidos.
Si bien el decreto se presentó como un freno a nuevas contrataciones
en las áreas del Poder Ejecutivo, salvo algunas excepciones, el artículo
3 deja sin efecto los convenios de Servicios de Asistencia Técnica
celebrados con las universidades a partir del 1º de enero de 2019. Según
los gremios estatales, actualmente hay bajo esta modalidad de
contratación entre 6000 y 7000 trabajadores, con cinco años
de antigüedad en promedio.
Los despidos serán efectivos ya que el mismo decreto estipula que
esos trabajadores no pueden ser contratados mediante otra modalidad. En
primer lugar, porque el artículo 1º del decreto congela las
contrataciones y designaciones de personal “de cualquier naturaleza o
fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el
31 de diciembre de 2019” y, en segundo lugar, porque la norma aclara que
“no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica
mediante servicios personales” como se hacía a través de las
universidades.
“Los trabajadores son contratados por los organismos y trabajan para
el organismo. El vínculo con la universidad es algo meramente
administrativo, porque como no hay restricción para pagar consultorías
ese dinero se usa para pagar sueldos”, le dijo a Página/12
Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital, entidad que
representa al 70 por ciento de los estatales nacionales. Según el
dirigente, la mayoría de los trabajadores contratados bajo esta
modalidad se desempeñan en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y
Justicia, aunque en menor medida.
Además de dar de baja a los contratados por universidades, para
Fernández el decreto abre la puerta a cientos de despidos más. “El
decreto es un anuncio de ajuste muy amplio porque pone en revisión las
estructuras de todos los organismos descentralizados. Con la excusa de
bajar los cargos políticos, cuando dan de baja alguna jefatura lo que
terminan haciendo es eliminar áreas enteras y, por lo tanto, más
despidos”, remarcó el dirigente, en referencia al artículo 11 del
decreto. Además, la norma pide la revisión del “régimen de empleo y de
contratación” y de “la estructura salarial, régimen de compensaciones, y
la planificación de gastos en personal” prevista para el próximo año a
fin de realizar una “evaluación integral en el marco del objetivo de
equilibrio presupuestario”. En base a esa evaluación, se podrían prever
más despidos.
“En el Estado hay cerca de 60.000 mil trabajadores entre contratos de
asistencia técnica, consultorías y monotributistas, que encubren una
relación de empleo y que no tienen estabilidad. Todos ellos hacen tareas
permanentes aunque sus contratos digan que no. El decreto dice que sólo
van a haber concursos internos, donde se pueden presentar empleados con
más de diez años de antigüedad. O sea que están diciendo que no van a
regularizar de ninguna manera a quienes tienen menos de diez años”,
remarcó Fernández.
Desde el Ministerio de Modernización aclararon que son 5800 los
trabajadores contratados bajo la modalidad de Asistencia Técnica y que
la norma no suspende los convenios con las universidades para otro tipo
de consultoría. La prohibición queda sujeta a las contrataciones de
empleados a través de esas partidas presupuestarias. También aseguraron
que los trabajadores serán contratados bajo otra modalidad, algo que
contradice lo dispuesto en el artículo 1º del decreto que prohíbe nuevas
contrataciones de personal “de cualquier naturaleza”.
Fuente:Pagina/12
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