Rafael Borràs Ensenyat
Zygmunt Bauman —en su libro Desconocidos en la puerta de casa—
nos advertía sobre «la angustia agobiante» de la llamada clase mediana
por «la alta probabilidad de caer en la pobreza». Son las consecuencias
de la globalización neoliberal y de los programas europeos de austeridad
sin piedad para los débiles. Cada vez resulta más evidente que en el
Reino de España, verdaderamente, no es la economía en mayúsculas -con
reparto y sostenibilidad ecológica de verdad— lo que ha mejorado, sino
que la única mejora sustancial sólo afecta a la situación de las clases
poderosas.
La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que cada año
publica el Instituto Nacional de Estadística español (INE), es un
instrumento imprescindible para intentar objetivar esta angustia. Pero,
antes de analizar, aunque sea sucintamente, los resultados de 2017,
recientemente publicados, conviene hacer dos consideraciones previas:
Primera:
Cuando, de acuerdo con la ECV, se habla de personas pobres, con riesgo
de pobreza o de exclusión social, no nos referimos sólo a la situación
de la gente que pide limosna a la puerta de, por ejemplo, una iglesia o
un supermercado, o de la que es usuaria permanente de los servicios
sociales. En estas categorías están incluidas las personas con unos
ingresos económicos y en especie que no los permiten llegar a final de
mes con las necesidades básicas decentemente atendidas. Por ejemplo: no
pueden hacer frente al coste de una cesta de alimentos suficientemente
sana, el dinero no les alcanza para atender un copago farmacéutico, los
recibos de alquiler, de la comunidad de vecinos, o de la luz, una
actividad extraescolar, o los gastos de los libros de texto, o no les
llega el presupuesto para cambiarse las gafas, o pagarse la salud
bucodental. Son personas para las cuales unos días de vacaciones al año,
o unos módicos consumos culturales son lujos inalcanzables.
Segunda
consideración: el “umbral de pobreza” equivale al 60% de la media
española de ingresos en el año anterior al de la encuesta, por unidad de
consumo (persona u hogar). En lo que hace referencia a la ECV de 2017,
este umbral ha quedado fijado para las personas en 8.522 €/año (313 €
más que el año anterior). Es imprescindible tener en cuenta que esta es
una cifra media que incorpora, como todos los indicadores de renta del
INE o de la Agencia Tributaria, rentas muy elevadas y rentas
extraordinariamente modestas. Esto podría estar indicando que la
situación de pobreza y las diferencias sociales se extreman. Dicho de
otra manera, cada vez hay más personas y hogares muy por debajo de este
umbral de pobreza. Por otro lado, hay que tener en consideración la
distorsión geográfica de este indicador, puesto que, dado el coste de la
vida, las carencias materiales serán más severas si se vive, por
ejemplo, en Palma, que si se reside en Lugo.
Dicho lo anterior,
anotemos los principales resultados: el porcentaje de población en
riesgo de pobreza —que no supera el umbral de pobreza— se situó en el
conjunto del estado español en un 21,6%, un 0,7% menos que el año
anterior. Pero atención: en los Países Catalanes, especialmente en las
Islas Baleares, el porcentaje de riesgo de pobreza de 2017 es superior
al de 2016, puesto que Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano
registran, respectivamente, un 15%, 21,3% y 25,6% para 2017, frente a
un 13,2%, 15,5%, y 24,4% del año anterior.
No obstante, interesa
poner especialmente de relieve que el indicador AROPE (At-Risk-Of
Poverty and Exclusion)- que es el homologado en la UE, y que, además de
si se llega o no al umbral de la pobreza, incorpora elementos de calidad
en la ocupación y de carencias materiales- presenta resultados con la
misma tendencia que el anterior: el estado español un 26,6% en 2017
versus un 27,9% en 2016; Cataluña, las Islas Baleares y el País
Valenciano, un 19,4%, 24,7% y 31,3% en 2017 versus un 17,9%, 19,1%, y
30,5% en 2016.
Antes de continuar, aclaro que las referencias a
los Países Catalanes (el conjunto de comunidades autónomas de habla
catalana, y con grandes lazos históricos y culturales) se justifican por
el hecho de que una versión previa y más breve de este artículo fue
publicada originalmente en un periódico cuyo ámbito lingüístico y de
distribución son, precisamente, los Países Catalanes. Ahora añado otra
justificación que es más importante: Estas tres comunidades autónomas
han puesto recientemente en funcionamiento nuevos subsidios
condicionados (Renta Valenciana de Inclusión, Renta Social Garantizada
de Baleares, y Renta Garantizada de Ciudadanía de Catalunya). Los tres
incorporan novedades diferenciadas en cada caso, pero les une una
característica nada novedosa, como es su inutilidad para la erradicación
de la pobreza y/o del riesgo de exclusion social.
La ECV nos
proporciona mucha más información que la que se ha comentado en las
líneas precedentes. Por ejemplo, en conjunto del Reino de España, se
constata que la pobreza sigue teniendo cara de mujer (tasa femenina de
riesgo de pobreza 22,2% vs. tasa masculina 21%, y AROPE 27,1% para las
mujeres vs 26% para los hombres); que la pobreza infantil es
intolerable, puesto que el 28,1% de la población de menos de 16 años
está en riesgo de pobreza, y el 31% en riesgo de pobreza o exclusión
social según el indicador AROPE; y que la perdurable reforma laboral
precarizadora cronifica situaciones de exclusión social, incluso para
las personas que tienen un trabajo (mal) remunerado, puesto que, al
menos, el 46,3% de las personas ocupadas tienen dificultades para llegar
a fin de mes.
En cuanto a las carencias materiales concretas, el
panorama es el siguiente: en el 34,4% de los hogares ninguno de sus
miembros puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año;
en el 8,3% no se puede mantener la vivienda con una temperatura
adecuada; en el 37,3% no se tiene capacidad para afrontar gastos
imprevistos (por ejemplo, una enfermedad, una subida del alquiler,
etc.); y en el 7,4% ha habido retrasos en el pago de gastos relacionados
con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibidos de gas,
comunidad...) en los últimos 12 meses.
En fin, con las
imperfecciones que se quiera, la ECV permite una, digamos, bastante
precisa fotografía del empobrecimiento y de las carencias materiales que
padece la población. Una información que convine no obviar ya que
permite evidenciar que, sin una Renta Básica (universal, incondicional,
individual, suficiente, y complementaria al que conocemos como Estado
del Bienestar), el único derecho garantizado de verdad para los y las
débiles es el de empobrecerse. Es esta una agobiante angustia de
consecuencias inciertas.
(Nota: Una versión en catalán y más breve de este artículo fue publicada en el diario JORNADA del 23 de junio de 2018).
Fuente:Sin Permiso
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