Ayer,
cuatro trabajadoras sociales y una abogada que atienden a mujeres
víctimas de violencia de género recibieron la notificación de que sus
contratos no serían renovados. Todas ellas habían participado de
diferentes medidas para denunciar la precarización laboral. Desde ATE lo
consideraron un intento más de disciplinamiento.
Las cinco trabajadoras despedidas de la Línea 144.
Imagen: ATE Derechos Humanos
Imagen: ATE Derechos Humanos
Cuatro
trabajadoras sociales y una abogada de la Línea 144 de atención a casos
de violencia de género en la provincia de Buenos Aires fueron
despedidas “por participar de medidas de fuerza”. Esa habría sido la
explicación que, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
les dio la funcionaria que las notificó de que sus contratos no serían
renovados. El gremio denuncia un “intento de disciplinamiento” ante la
seguidilla de medidas de fuerza que se llevan a cabo ante un intento de
“desarticulación de las políticas de género” por parte de la
administración de María Eugenia Vidal.
La decisión de no renovarles el contrato que hace un año y medio las
unía a la Subsecretaria de Género y Diversidad les fue comunicada ayer
por la autoridades del Departamento de Legales. Según contó a Página/12
la delegada de ATE Cintia Nucifora, “está claro que la decisión se
enmarca en la persecución gremial” desatada por la administración
provincial en distintos frentes.
ATE Derechos Humanos
Tal como Vidal lo hizo con los docentes al
descontarle los días de paro, a los trabajadores de la Secretaría de
Derechos Humanos también se restó del salario mensual los dos días de
huelga a los que adhirieron el mes pasado tras la doble convocatoria de
ATE, una a nivel provincial y otra a nivel nacional.
Los reclamos en Género y Diversidad no son nuevos. “Desde hace un año
y medio venimos reclamando el pase a planta permanente de los
compañeros contratados y la estatización del servicio del 144”, explicó
Nucifora. Durante ese tiempo hubo distintas instancias de diálogo, pero
ante “la falta de respuesta”, se acrecentaron las retenciones de tareas y
otras varias medidas de protesta. Las cinco trabajadoras a las que no
se les renovó el contrato participaron de todas ellas.
La Línea 144 es la puerta de entrada para que víctimas de violencia
de género encuentren un lugar adonde recurrir. Allí no solo cuentan su
caso y dejan registro de la denuncia inicial, sino que el objetivo es
que a partir de la llamada sean derivadas a alguna otra dependencia del
Estado para recibir protección y contención.
Sin embargo, el servicio de la línea está virtualmente tercerizado.
Las contrataciones son hechas por Provincia Net, una empresa de Banco
Provincia, y el 90 por ciento del personal está contratado en el marco
de la Ley de Emergencia provincial. “Los contratos se les renuevan cada
tres meses y muchos vencen este jueves”, alertó la delegada.
Las medidas de fuerza de las trabajadoras que fueron despedidas
denunciaban esa modalidad. “Es otro intento de disciplinamiento. Este
mes, por primera vez, nos descontaron los días de paro y por lo visto no
hay intenciones de blanquear a los precarizados”, señaló Nucifora.
Además, las modalidades de control aumentaron. “A las chicas les
controlan el tiempo y las veces que van al baño y hasta se les toma el
tiempo en que tardan en hacer un registro de intervención” tras un
llamado de una víctima.
“Lo que también preocupa –agregó- es que se trata
de personas que fueron seleccionadas por tener experiencia en la
temática de violencia de género. Además, tuvieron capacitación para
ingresar al 144 y son un recurso humano muy importante.”
Para la representante de ATE, que también se desempeño en esa área,
la cuestión de fondo es más grave. “Se le está cambiando el carácter a
la política de género”, agregó la delegada y explicó las razones: “No
buscan herramientas para que el Estado brinde una mejor atención a las
mujeres. Su lógica es ‘mostremos que estamos atendiendo y que
respondemos llamadas’”.
“El programa de atención contra la violencia de la mujer no tiene que
ser un call center que toma reclamos. Hay que escuchar a la mujer,
comprenderla, contextualizar el caso, ver qué tipo de violencia sufrió,
evaluar el riesgo y ver qué medidas se pueden tomar para una posterior
intervención”, enumeró. Sin embargo, concluyó, “esa no pareciera ser la
prioridad”.
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