Fuente:AgenciaNodal
El gobierno de la norteña provincia argentina de Jujuy – el mismo que
mantiene presa sin sentencia firme desde hace casi tres años a la
lideresa social y diputada al Parlasur, Milagro Salas- dio luz verde a
las empresas tabacaleras y a otros grupos empresariales para emplear a
menores de edad.
En lo que va de 2018, el gobierno de la alianza oficialista Cambiemos
otorgó 45 autorizaciones oficiales para el trabajo de niñas y niños de
entre 10 y 17 años, un medida que alarmó al país y produjo cruces a
nivel político y social.
¿Qué implica ésta explotación infantil en un contexto crítico? Cuando
los capitales avanzan y el Estado se desdibuja, la filosofía de la
maximización de ganancias no encuentra freno, aún cuando se trate del
proyecto de futuro de una sociedad.
Los
datos de la primera Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y
Adolescentes (EANNA) realizada por el Ministerio de Trabajo, señala a
Argentina como un país que históricamente ha mantenido tasas bajas
respecto de este problema y pone en relevancia la reducción de la tasa
de trabajo infantil.
Este proceso se evidenció a nivel regional durante los años 2000 y
2016, en coincidencia con los períodos en que la región estuvo gobernada
por proyectos políticos que promovieron procesos redistributivos e
inclusivos de amplias masas de la población. Pero ¿qué sucede hoy cuando
el Estado se desdibuja?
El estudio recoge información entre los años 2016 y 2017 y revela que
9,4% de los niños argentinos realiza alguna actividad productiva y que
cuando se habla de poblaciones rurales, la cifra se duplica: el 20% de
las niñas y niños de entre 5 y 15 años que viven en zonas rurales del
país, realiza alguna actividad productiva.
El 70% del trabajo infantil del mundo, se concentra en el sector
agrícola, según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). Expresado en números, hay en Argentina más de un millón
100.000 menores de 18 años que participan en actividades económicas,
productivas o domésticas intensivas, interrumpiendo su formación y
desarrollo.
Si se toma la problemática a nivel nacional, según UNICEF, en América
Latina y el Caribe, unos 17,4 millones (16%) de los niños y niñas de 5 a
17 años trabaja, y según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el 77% realiza trabajos peligrosos. Esta cifra equivale a cinco
veces la población total de Uruguay. Si el total de niños y niñas
trabajadoras conformara la población de un país, sería el octavo país
más poblado de América Latina sobre un total de 33.
Aunque
en comparación con la tasa regional las cifras argentinas no parecen
alarmantes ¿a cuánto debe llegar esta cifra para que represente un
llamado de atención a nivel gubernamental? En este contexto, la actitud
permisiva del gobierno de la provincia de Jujuy, frente al tema es un
dato a destacar. ¿Será el inicio del ascenso de esta tasa para el país y
la región?
Retrocesos
Entre las principales causas que dan origen a esta problemática
social y humanitaria se encuentra la pobreza; la falta de acceso a una
educación de calidad completa un círculo vicioso de origen y
reproducción de este problema.
El patrón cultural, como la naturalización del trabajo infantil -en
el caso argentino avalado por la Ley- complica la situación en los
contextos en los que los gobiernos son más benévolos con los intereses
empresariales.
Marcelo Nasiff, diputado jujeño del oficialismo , justificó el empleo
de niños y niñas para “tareas livianas” como “encañar y desencañar
tabaco”, en la Legislatura de Jujuy donde otros diputados opositores
pidieron explicaciones.
“En el campo los chicos ayudan a sus padres, en esas frágiles
economías, y muy bien les vienen algunos pesos que hacen con el trabajo
que sólo los chicos pueden hacer”, justificó. Aclaró que los niños “no
van a hacer cosas que no pueden hacer”, dividiendo así las tareas que
estarían permitidas para el trabajo infantil de las que no.
Según Nasiff, el trabajo y las herramientas de trabajo “no matan a
nadie.Es beno que todos aprendamos porque hay algunos que si de chicos
ni ven una pala cuando la ven de grande se infartan”.
De
acuerdo con los datos que dió a conocer la EANNA, en la región norte
donde se encuentra ubicada la provincia de Jujuy, el porcentaje de niños
y niñas que trabajan escala a 13%, tres puntos por encima de la cifras
nacionales. Allí las principales actividades productivas, vinculadas al
trabajo agrícola, configuran realidades sociales excluyentes,
condenando a familias completas a trabajos forzados, en condiciones de
precariedad y con salarios bajos.
No son buenos los pronósticos si se consideran, como lo plantea un
informe de la OIT, las vinculaciones entre contextos de crisis
financiera y el crecimiento de las cifras de trabajo infantil. Los
procesos inflacionarios, la contracción de la economía y las pérdidas de
puestos laborales formales, ponen en la mesa familiar el problema de la
urgencia económica, que obliga a buscar alternativas.
En agosto de 2018 el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la
Universidad Católica (UCA) advirtió que el porcentaje de pobreza
alcanza a 33% de la población y que uno de cada 10 personas se encuentra
en situación de indigencia.
En un mundo globalizado, donde el sistema económico necesita
maximizar sus ganancias para repartir entre unos pocos, la explotación
laboral de niños y niñas es uno de sus destinos preferidos.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno argentino al respecto? En 2015,
un fallo de la Corte Suprema de Justicia disolvió el Registro Nacional
de Trabajadores Agrarios (Renatea), que intentaba avanzar en la
fiscalización para el control del Trabajo Infantil en el campo y en la
consolidación de alternativas, como espacios de cuidado para niños y
niñas y programas de alfabetización y capacitación para los trabajadores
y trabajadoras.
En el mismo sentido, este año, cerró la Secretaría de Agricultura
Familiar, destinada a acompañar a los pequeños productores, hoy
desamparados frente a los monopolios de la producción de alimento y la
concentración de la propiedad en cada uno de los eslabones de la cadena
de valor.
La definición que rige a las legislaciones respecto del trabajo
infantil se expresa de manera diferente en cada país, obedeciendo a
realidades particulares que “obligan” a considerar situaciones como el
trabajo en el seno familiar o para el auto consumo.
La legislación argentina acompaña la definición de la OIT respecto de
las prohibiciones al trabajo infantil, por considerar que interfiere
con el desarrollo del niño, pero contempla tareas aceptables que se
incorporan como excepciones a la norma general. Así, en la ley 26.390,
artículo 189 bis, se permite el trabajo para los niños de 14 años y más
en la empresa familiar, bajo ciertas condiciones.
La
ley no ayuda en este contexto de disputa, donde en brutales
condiciones de desigualdad y cuando no hay un Estado presente, los
actores que pugnan son los poderes económicos (las empresas), en la
búsqueda de maximizar ganancias, contra las familias inmersas en
contextos laborales cada vez más adversos.
La crisis recrudece la voracidad de los capitales por reducir costos y
pone a las familias en contextos de vulnerabilidad. La permisividad
legal, lo avala.
Al analizar un poco más a fondo los datos de los niños y niñas
trabajadoras en Argentina, surge que un 57,5% en el área urbana lo hace
por la necesidad de ayudar a su familia por cuenta propia, mientras
que, en áreas rurales, el número alcanza a 50,1%. El 5,7% de niñas y
niños que trabajan, entre la población urbana, no asiste a la escuela,
mientras que en el ámbito rural el porcentaje asciende a 10,1%.
En pleno siglo XXI, somos conscientes de que el trabajo infantil
amenaza la integridad física y psicológica, el proceso de educación y
acceso a la salud en millones de niños y niñas. En un contexto de
neoliberalismo en ascenso estas desigualdades amenazan con profundizarse
dejando presos a los niños y niñas en condiciones cada vez más
degradantes de vida.
*Abogado, analista-redactor argentino del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la) Concejal de Luján de Cuyo, Mendoza
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