Un conocido empresario del rubro automotriz afirmó la
semana pasada: "en la parte laboral hicimos casi nada. En eso Brasil
avanzó mucho. El gobierno quiere hacer la reforma laboral. Veremos si
llega un momento en que se pueda hacer". La agenda está más clara que
nunca.
El paraguas que brinda el FMI y la nueva realidad regional y mundial
colaboran en el objetivo del oficialismo de profundizar las políticas
neoliberales. Siempre con la mirada puesta en ganar el afecto del
establishment local e internacional; políticas que nunca han beneficiado
a los trabajadores, a los jubilados, ni a las pymes.
En este marco, ¿cómo encaja la reforma laboral de la que ya se
empieza a hablar? En un reciente informe de Orlando Ferreres &
Asociados (OJF) se señala que el gobierno debe lograr un cambio en "el
marco regulatorio del mercado laboral, el cual deberá fomentar el
ingreso de trabajadores al sector formal privado (…), desalentando el
trabajo en negro, y reduciendo la participación del empleo público".
Respecto de los dos primeros puntos, casi nadie podría estar en
desacuerdo, aunque el problema son los "cómo", no tanto los "qué". En
cuanto al empleo público, la lógica es otra, y no tiene tanto que ver
con la productividad: está en línea, más bien, con la búsqueda de un
país con menos Estado y por ende con mayor austeridad fiscal.
OJF elogia la reforma laboral brasileña basada en la "libertad de
contratación" (acuerdos entre empleador y trabajador, en desmedro de los
convenios colectivos), la reducción en la "indemnización por despido en
un 30%", y "la incorporación de autónomos que no impliquen una relación
de dependencia", entre otros puntos.
Queda claro que la flexibilización laboral no apunta a mejorar las
condiciones de empleo sino a que haya empleo de baja calidad y peor
remunerado. De hecho, ¿cómo tomar el ejemplo de Brasil y no decir que la
reforma está permitiendo el trabajo de embarazadas en ambientes
insalubres? ¿Es acaso este el horizonte de país deseado?
La flexibilización laboral afecta en principio al segmento de los
asalariados del sector privado, que sufrirían la pérdida de derechos.
Para los que hoy están al margen del mercado laboral, o que se
desempeñan informalmente, el acceso a un nuevo empleo vendría con menos
aportes a la seguridad social y con menor estabilidad en el puesto. Nada
de nivelar para arriba, más bien lo contrario.
España, por ejemplo, realizó una reforma amplia en 2012 y dos años
después comenzó a registrarse cierta baja del desempleo (hoy en el
15,5%, casi el doble del existente en 2007), aunque en realidad la merma
obedeció a una mejora de la actividad económica. La realidad muestra
hoy un mercado laboral que descansa en prácticas como la temporalidad de
los contratos, la tercerización, y la contratación a tiempo parcial.
Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la
situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios
(amenaza de desempleo mediante) y de otros costos como el de despido.
Para las empresas basadas en el mercado interno, hay que decirlo,
cualquier mejora coyuntural de la rentabilidad, derivada de la
flexibilización asociada a menores salarios, sería revertida, más
temprano que tarde, por un nuevo achicamiento del consumo. Desde este
plano, sólo le cierra a unos pocos sectores que están en condiciones de
exportar y que, al igual que pasa con la devaluación, ven en la baja del
salario una manera de mejorar su competitividad en dólares.
Todo esto va en línea con algo que siempre digo: para que la
devaluación sea efectiva tiene que darse una modificación de los precios
relativos de la economía. En otras palabras, con este modelo, el que
debe perder es el salario, manteniéndolo rezagado respecto de los otros
precios, tal como viene ocurriendo.
La pelea por la competitividad regional a través de la baja de
salarios y la flexibilización laboral podría resultar, seguramente, una
lógica que sólo conduce a más ajuste. Es preciso cambiar de raíz este
modelo económico de apertura irrestricta a los mercados externos. Un
esquema que cada vez es más concentrador y excluyente.
Preocupaciones del establishment
Se realizó en París el encuentro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de donde emanaron algunas
frases interesantes. Al hablar de la situación global, Laurence Boone,
economista jefe, afirmó que "los riesgos son suficientemente altos para
incrementar la alarma y prepararnos para alguna tormenta más adelante.
Cooperación en política fiscal a nivel global y del euro serán
necesarias".
Según la economista, para apuntalar a la economía global también se
debe "responder a las preocupaciones de la gente sobre la falta de
mejora en los salarios, en el nivel de vida y en las oportunidades".
Pero, de nuevo, hay que ir a los "cómo" para anticipar los resultados.
Boone sostiene: "hay que promover la competencia para incrementar la
dinámica empresarial, ya que eso puede ayudar a incrementar la posición
negociadora de los trabajadores y bajar los precios que enfrentan los
consumidores. Invertir en conocimiento es además crucial. Esto
incrementa la productividad y el ingreso y reduce la desigualdad entre
los trabajadores". Difícil de creer.
Por caso, la OCDE menciona en un detallado informe sobre Brasil: "la
incertidumbre política sigue elevada, pero retomar las reformas,
particularmente la de las pensiones, ayudaría a mejorar la confianza"
(de los mercados, naturalmente). La línea implícita está clara, y es la
misma que se baja para todo el mundo y la región: más allá de la
"calidad democrática", lo que verdaderamente importan son las reformas y
el ajuste neoliberal.
Las preocupaciones del establishment se vinculan a su pulsión por
obtener ganancias. Se vieron en Wall Street (ante las pérdidas que
mostraron las empresas tecnológicas), y aquí en Argentina. Eduardo
Costantini, por ejemplo, comentó que muchos dejaron de ser
"billonarios". El modelo actual, sesgado hacia la deuda, la apertura, y
la primarización de la estructura productiva, también está generando
cambios al interior de la cúpula, por la distribución de la riqueza. En
esto no hay ningún misterio. Sin embargo, aquí no están los grandes
perdedores.
Nada derrama sobre los trabajadores, los jubilados, o las pymes.
Estos son los sectores que verdaderamente salen perjudicados. La pérdida
de empleo y la erosión de los ingresos están quebrando en muchos casos
los mínimos para la subsistencia.
Grecia es, lamentablemente, un espejo en el que habrá que mirarse
cada vez más, de continuar estas políticas. En un reciente informe del
centro de estudios Transnational Institute y FIAN International se
evalúa el impacto de las medidas de austeridad sobre la nutrición de la
población del país heleno. La caída de los ingresos (por baja de salario
y suba de impuestos) ha llevado a que las familias destinen una parte
mayor de su presupuesto para la comida. Adicionalmente, el número de
hogares sin recursos para consumir carne, pollo o pescado cada dos días
se dobló del 7% al 14% entre 2008 y 2016. Ante ello concluyó que los
masivos recortes asociados a cambio de los rescates financieros
supusieron "una violación del derecho a la alimentación". A las cúpulas,
nada de esto parece preocuparles. La democracia y los derechos sociales
básicos, cada vez más amenazados. «
Fuente:Tiempo Argentino
Comentarios
Publicar un comentario