Trabajadores
 del sector denunciaron que la modificación que impulsó el gobierno 
porteño deja afuera a gran cantidad de profesionales, que quedan 
desprotegidos, como los enfermeros, e implica una regresión en los 
derechos laborales. Se extiende la jornada laboral.
Los enfermeros quedan fuera de las protecciones del sector sanitario, según la nueva ley. 
El
 Gobierno de la Ciudad logró aprobar una reforma en la carrera 
profesional en Salud. Trabajadores del sector denunciaron que esta 
modificación deja afuera a gran cantidad de profesionales, como los 
enfermeros, e implica una regresión en los derechos laborales. “Esta 
reforma no es otra cosa que la reforma laboral que quería hacer el 
macrismo a nivel nacional”, aseguró a PáginaI12 Natalia Castrogiovanni, 
presidenta de la Asociación de Profesionales de Servicio Social (APSS) 
del Gobierno de la Ciudad.
Ayer, asociaciones hospitalarias y profesionales, asambleas de 
residentes y concurrentes, agrupaciones sindicales y partidos políticos 
se movilizaron a la Legislatura porteña para intentar frenar la reforma 
que presentó el Poder Ejecutivo. El proyecto que, según Castrogiovanni, 
“es repudiado integralmente en los hospitales”, se aprobó con 36 votos 
positivos y 19 negativos.
Las agrupaciones denuncian que la reforma del oficialismo es 
regresiva con reivindicaciones históricas de los trabajadores de salud. 
“Están contemplados casi todos los trabajadores de la salud, pero no es 
el caso de enfermería, que viene luchando por el ingreso a la carrera 
profesional”, explicó Castrogiovanni. Los trabajadores de salud que 
queden por fuera de la carrera tienen salarios inferiores y menos 
derechos. “Así el Gobierno profundiza debates históricos del sistema de 
salud que es que sólo gocen de status los médicos, mientras el resto de 
las profesiones tienen peores condiciones laborales. Esto es nefasto”, 
afirmó.
La ley tampoco tiene en cuenta a otros profesionales que trabajan de 
manera integral en el sistema de salud, como los licenciados en 
Bioimágenes e Instrumentación quirúrgica y los psicopedagogos. Estos 
últimos son egresados del IES N°1 Dra. Alicia Moreau de Justo, mientras 
que los licenciados en psicopedagogía, que sí están contemplados en la 
norma, se reciben en instituciones privadas.
Otro de los cambios que se implantarán con la nueva ley es el sistema
 de evaluaciones. “La ley es ambigua, no se sabe a cargo de quién 
estarían las evaluaciones”, denunció Castrogiovanni. Además, aseguró que
 cada dos evaluaciones negativas que reciba un profesional de la salud 
“se podría pasar a disponibilidad, que es una forma encubierta de 
despido”. 
“Esta reforma no garantiza la estabilidad laboral para ninguno de los
 cargos de conducción, como lo son los jefes y jefas de servicios”, 
afirmó la presidenta de la APSS. Con la nueva ley, los jefes de servicio
 podrían perder su cargo. Esto depende de la evaluación que hagan las 
direcciones de hospitales. “Antiguamente, se debía concursar para 
acceder al cargo de director de un hospital. Ahora pasaron a ser cargos 
políticos que elige a dedo el Poder Ejecutivo de la Ciudad”, lamentó.
Asimismo, la nueva ley implica una extensión de la jornada laboral, 
ya que los profesionales, que antes cumplían un mínimo de 24 horas 
semanales, deberán cumplir 30.  La nueva norma establece que las 
capacitaciones deberán hacerse “fuera del ámbito hospitalario”. “Esto 
implica una extensión de la jornada laboral”, denunció Castrogiovanni. 
Para la presidenta de APSS, la reforma debe interpretarse en el clima
 de recortes en salud que lleva adelante el Gobierno Nacional con la 
degradación del Ministerio o la Cobertura Universal de Salud (CUS). En 
la ciudad, este achique se manifiesta en el proyecto del Complejo 
Hospitalario Sur. “Un artículo dice que, ante el cierre de servicios, se
 activan mecanismos el traslado de personal y la reubicación de esos 
mismos cargos en otro servicio”, advirtió Castrogiovanni.
La presidenta de APSS aseguró que las organizaciones que combaten 
esta reforma van a seguir “en la lucha”. “Ahora nos toca luchar por una 
reglamentación que no implique mayores regresiones y por una no 
aplicabilidad de la ley”, afirmó. 
Informe: Ludmila Ferrer.
Fuente:Pagina/12 

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