Por Andrés Asiain y Lorena Putero
Culpar
de ineficiencia a algún actor social suele ser una práctica habitual
del “bullying” económico. El tecnócrata liberal suele cargar al Estado,
al empresario nacional, al trabajador argentino, a la pequeña y mediana
industria, a la producción regional o al emprendimiento social con el
mote descalificativo de “ineficientes”. Busca excluirlos así de la
actividad económica, que debería estar exclusivamente en manos de los
“eficientes”: el sector privado, la multinacional, el trabajador de los
países que dominan el mercado mundial, la gran industria, la producción
pampeana o el emprendimiento con fines de lucro.
¿Qué se entiende por eficiente? Por lo general, el mercado es el
juez de la eficiencia de las actividades económicas. Quien logre
triunfar en la competencia mercantil tiene certificado de eficiente,
cuyo valor va en aumento según la dimensión del mercado en el que logre
desarrollarse (local, nacional, regional y mundial). El apoyo estatal es
considerado como una especie de práctica desleal en las reglas del
juego mercantil, así quien recibe subsidios, protecciones o
desgravaciones impositivas, es sospechado de ineficiente por más que
triunfe comercialmente. Por contraste, en el orden moral de los
eficientistas no hay descalificación para quien apela a la explotación
laboral, la evasión impositiva, el control monopólico de redes
financieras, de comercialización o proveedores, en su afán de éxito.
El análisis de la eficiencia no considera el impacto general sobre
la economía. A modo de ejemplo, en la elección de proveedores para una
licitación de obras públicas financiada con créditos de organismos
internacionales se suele escoger a quien ofrezca el menor precio de
obra. Sin embargo, ello generalmente implica descartar a una
“ineficiente” cooperativa nacional y, en cambio, contratar un
“eficiente” proveedor multinacional. Pero, si se amplía la mirada
económica y se compara el impacto del ahorro fiscal por el menor precio
de contratar al proveedor extranjero con el gasto de divisas por
importaciones y remisión de utilidades, los puestos de empleo que se
dejan de generar en el país, la multiplicación de los gastos y la
producción que hubiera generado el proveedor local con su consiguiente
efecto sobre la recaudación impositiva, la consideración de quién es más
eficiente sería diferente.
La necesidad de virar hacia un concepto más abarcador de eficiencia
fue señalada por Raúl Prebisch al argumentar a favor de la protección de
las industrias latinoamericanas. En su estudio de “Problemas teóricos y
prácticos del crecimiento económico” de 1952, el economista de la Cepal
señalaba que si bien las importaciones de productos industriales eran
más baratas que las producidas en la región, su impacto en materia de
desempleo de recursos humanos y naturales las tornaba más ineficientes
si se tomaba como medida de eficiencia el nivel de Producto por
habitante resultante.
El análisis sobre la eficiencia debería considerar también aspectos
como la distribución funcional y regional del ingreso, el impacto en
materia de aprendizaje técnico o de seguridad ambiental, social y
nacional. El total de elementos que se tome en cuenta al analizar la
eficiencia económica está en relación con los objetivos económicos que
se consideren como deseables. Después de todo, nada es eficiente en sí
mismo, sino en relación con el objetivo económico que se busca alcanzar
como sociedad
Fuente: Pagina/12
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