Lorena Putero | Pensar en un trabajo digno es pensar
en un trabajo que garantice losderechoslaborales: salario debatido en
paritarias, acceso a una obra social y a la jubilación. A esto se suma
previsibilidad laboral, es decir, que el empleador cumpla con el
contrato laboral y, si lo incumple, será penalizado económica y/o
legalmente por ello.
Estos derechos se fundamentaron en la idea de que “la riqueza, la
renta y el interés del capital son fruto exclusivo de trabajo humano; la
comunidad debe organizar y reactivar la fuente de producción en forma
de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y
material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del
rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado” (Juan D. Perón, 24 de
febrero 1947). En esta idea se reconoce el aporte económico de los
trabajadores al proceso de generación de riqueza de una empresa y de un
país.
Este debate se dio en un contexto de producción fordista, con grandes
empresas a cargo de la producción. La cadena de valor completa estaba a
cargo de la misma empresa, así el portero, el obrero, el cocinero y el
gerente eran empleados de la misma empresa.
La nueva estructura productiva
A partir de los años 70 comenzó a darse un proceso de tercerización y
externalización de parte de la producción. Parte de los trabajadores
quedaron fuera de la gran empresa y, de ese modo, de la distribución de
riqueza generada. El portero trabaja para una empresa, el gerente para
otra y muchos trabajadores son expulsados del mundo laboral asalariado.
Los trabajadores que no acceden a un trabajo asalariado (formal o
informal) no quedan a la espera de acceder a ese mundo asalariado sino
que buscan reproducir sus vidas y se organizan de manera individual,
colectiva o familiar para hacerlo. Muchos, son parte de la economía
popular: talleres textiles familiares, cooperativas, recicladores
urbanos, agricultores familiares, entre muchos otros actores.
Estos trabajadores aportan a la generación de riqueza del país y, en
muchos casos, de las empresas, sin embargo no logran acceder a los
derechos laborales.
Podría pensarse que el problema es la falta de trabajo, la falta de
capacitación del personal o la necesidad de inversión para incorporarlos
al mundo del trabajo. Si fuese así la estrategia seria fomentar los
puestos de trabajo en la gran empresa.
Sin embargo, estos trabajadores ya están incorporados al mundo del
trabajo. Por ejemplo un tallerista que provee a una gran marca de ropa
–produciendo en su casa con su familia– es un trabajador que no va a ser
contratado por esa marca, porque la misma ya decidió tercerizar ese
trabajo para aumentar sus márgenes. Aportan a la generación de riqueza,
pero no constituyen un costo en cargas sociales.
Además se rompió una característica central del fordismo: la
necesidad de que los trabajadores consuman. Hoy las empresas pueden
crecer y aumentar su productividad sin tener que pensar en los
trabajadores como consumidores. Pueden incluso plantearse un mercado en
otro país o otros sector social.
Además de los trabajadores tercerizados existen los expulsados del
mundo asalariado que realizan trabajos que son fundamentales para la
mejora de la calidad de vida de una sociedad, pero no para las grandes
empresas, porque constituyen partes no rentables del proceso productivo
como puede ser el caso de los recicladores urbanos.
Esos trabajadores aportan a la generación de riqueza: recuperando
materiales ,que de otra manera serian destruidos, aportan al cuidado
ambiental y reducen el costo del tratamiento de la basura.
A pesar de esto son trabajadores con escasos derechos laborales, que
solo alcanzan en los casos en que se organizan. Por su actividad se ven
beneficiados la sociedad donde realizan la actividad (estado
local/nacional), las empresas de reciclado y las empresas que utilizan
plástico en su producción.
Estas últimas se benefician de manera doble: el reciclador se hace
cargo del tratamiento de los residuos producidos -por ejemplo la
botellita donde vendió su producto- y le prepara ese material para
reutilizarlo.
En este caso las empresas tampoco los van a contratar, porque no
considera que la recolección domiciliaria y el tratamiento de los
residuos o el cuidado ambiental sea un problema en su producción.
El acceso a los derechos laborales
Es por casos como los planteados que la economía popular no debe ser
invisibilizada, se debe reconocer a sus protagonistas como actores
económicos, nuevas formas de trabajo, que aportan a la generación de
riqueza y ante una relación de desigualdad plantear políticas públicas
que permitan acceder a los mismos beneficios que otros trabajadores. El
Estado debe afrontar una estrategia activa, como garante de los derechos
laborales.
No se trata de una acción mágica, la economía popular no es uniforme y
por ello no se puede pensar en una estrategia aislada, pero si en un
conjunto de políticas públicas que fortalezcan a los trabajadores del
sector.
Cuidar estos puestos de trabajo mediante la regulación de la
actividad. Continuando con el ejemplo del reciclado: ante la caída del
precio del petróleo las empresas que utilizan plástico deciden comprar
menos reciclado e ir a la materia prima de primera mano. Esto perjudica a
las industrias nacionales del reciclado, a la comunidad en su conjunto
por el daño ambiental pero centralmente al reciclador que ve una caída
de sus ingresos sin que esto tenga que ver con su actividad sino con
estrategias de maximización de ganancia de las empresas.
Ese conjunto de política debe recuperar el sentido desde el cual
nacieron los derechos de los trabajadores: su aporte a la generación de
riqueza de las empresas y de la sociedad en su conjunto, porque “La
economía moderna es dirigida. O la dirige el Estado o la dirigen los
poderes económicos”, como sostiene Arturo Jauretche.
* Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Un debate con antecedentes
Una de las primeras respuestas ante la propuesta de ampliar los
derechos de los trabajadores es quién los va a financiar. La respuesta
del general Perón en 1947 fue la comunidad y los que se benefician del
trabajo ajeno. Actualmente, la respuesta debería ser parecida con la
dificultad de que no existe un patrón, sino que existen patrones o
actores económicos que se benefician del esfuerzo de una parte de los
trabajadores de manera poco clara.
La tercerización y externalización de parte de la producción permite
reducir costos de riesgo en la producción, como una rotura de máquina,
errores de producción, los costos del personal como las cargas sociales y
la organización de la producción. Externalizar una parte significa
comprar una parte donde está más barato. Pero como se trata de trabajo y
el trabajo no es escindido de la persona sino que es parte de ella,
comprar trabajo barato es empeorar las condiciones de los trabajadores.
Ese debate siempre ha sido un debate intenso, muestra de ello son los
editoriales del diario La Prensa en 1945, dedicadas al decreto sobre
salario mínimo y aguinaldo. El editorial se llamaba “Estímese que el
decreto influirá en perjuicio de la economía del país” y afirmaba que
“estos nuevos gravámenes tendrán una gravitación extraordinaria sobre el
futuro de las actividades productivas del país, y en la mayoría de los
casos, para la mediana y pequeña industria, plantea problemas económicos
de absoluto e imposible cumplimiento” ( 21 de diciembre de 1945)
Es por ello que no se puede pensar que estos derechos se limitan a una cuestión de decreto, sino que deben ser el producto de actores políticos organizados, que puedan defender su participación en la distribución de la riqueza.
Es por ello que no se puede pensar que estos derechos se limitan a una cuestión de decreto, sino que deben ser el producto de actores políticos organizados, que puedan defender su participación en la distribución de la riqueza.
Fuente:Miradas al Sur
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