Imagen: Leandro Teysseire
Los
trabajadores del INTI se movilizarán hoy al Ministerio de Trabajo,
donde habrá una audiencia para tratar la reincorporación de 258 personas
y los descuentos por las huelgas a otros 1050. La reunión se da
mientras siguen saliendo cautelares a favor de los delegados para que
sean reincorporados por la gestión de Javier Ibañez. En tanto, se siguen
acumulando las denuncias por negociados desde su llegada: en este caso
es por la contratación directa de una empresa para la construcción de un
galpón. Se trata de Kopar S.A., compañía que ya apareció vinculada a
licitaciones escandalosas en la gestión porteña y a un asesor del ahora
secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.
Ibañez todavía está dando explicaciones por las decenas de
colaboradores que contrató, los viajes que pagó y las consultoras por
las que facturó, incluida Tecnalia, sindicada como la que diseñó el plan
de despidos y reestructuración del INTI. En tanto, continúan los paros
en el instituto, donde no cuentan con que el ministro de Trabajo, Jorge
Triaca, traiga una solución y se disponen a marchar al Congreso a
pedirla a Marcos Peña.
Ayer la comisión interna del INTI informó que sumaron otros dos
fallos a favor para reinstalar a delegados despedidos, que se suman a
otros dos que habían recibido el viernes. Es porque habían sido
despedidos pese a tener fueros gremiales.
“No cesan de trascender en los medios escándalos de corrupción y
negociados, que involucran al presidente Javier Ibañez y su staff”,
advirtieron sus delegados. La última denuncia fue publicada por el
periodista Ulises Rodríguez en el sitio Nuestras Voces. Es por la
contratación en septiembre de 2016 de la empresa Kopar S.A. para
construir un galpón en el Parque Tecnológico Migueletes, en donde se
debían guardar equipos de ensayos. Pese a que los técnicos del INTI
habían presupuestado la obra en 12 millones de pesos, el el gerente
general de entonces, Carlos Della Vedova, decidió otorgarle la obra por
contratación directa “por razones de urgencia” a Kopar S.A. por
14.050.000 pesos. La obra no se completó en los cien días que planteaba
el contrato y los reparos de los técnicos del INTI, que planteaban que
no estaba siendo bien hecha fueron descartados. En la actualidad, la
obra esta parada.
Kopar es una vieja conocida del gobierno porteño de la época de
Carlos Grosso hasta el de Mauricio Macri. Su titular es Pablo Aparo. En
2006, Aparo ganó una licitación para hacer obras en el barrio Calaza
que nunca terminó. Primero paralizó las obras y pidió más dinero (un
66,75 por ciento más). Luego abandonó la tarea, pero IVC le firmó una
conveniente acta de neutralización que lo libró de responsabilidad.
Como publicó este diario, en la era macrista fue beneficiado por
distintas contrataciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad. En
2008, el IVC le otorgó otra obra por contratación directa por 1.371.157
pesos. Eran refacciones de viviendas que debían realizarse en tres
meses. No obstante, nueve meses más tarde, la obra tenía un avance del
12,63 por ciento. La empresa de Aparo alegó “incapacidad operativa” para
concluir el contrato y aseguró que se la había “cedido” a otra empresa,
llamada Ajimez S.A. Pese a este accionar, le dieron otras
contrataciones para cloacas en la villa 3, la 15 y en la 1-11-14.
También tuvo tareas de instalación de gas en escuelas que se quejaron
por las obras mal hechas.
PáginaI12 rastreó al representante legal de Aparo, Rubén Octavio
Calderón, que en diálogo con este diario primero admitió y luego negó
ser el abogado de Aparo. “Estoy y no estoy”, dijo. Calderón era en ese
momento asesor del entonces legislador Fernando de Andreis, que hoy es
secretario general de la Presidencia. En ese momento, juró que si se
comprobaba su vínculo con Aparo lo echaba. No solo no lo echó, sino que
Calderón también fue legislador porteño del PRO. Hoy es síndico de la
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Fuente:Pagina/12
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