Dos estudios alertan sobre la degradación laboral y la desprotección de los trabajadores Con empleos cada vez más precarios
Nuevos
informes del CEPA y del Centro Atenea advierten sobre la
reconfiguración de la estructura del empleo –sin relación de
dependencia, con menos derechos y bajos ingresos– y sobre los riesgos
que implican los proyectos de reforma laboral.
Hoy son monotributistas 53,2 de cada cien nuevos empleados registrados.
Imagen: Carolina Camps
Imagen: Carolina Camps
Los
proyectos de reforma laboral enviados por el Gobierno al Senado
proponen bajar nuevamente varios escalones en el proceso de degradación
del empleo y desprotección de los trabajadores. Así lo advierten dos
análisis, elaborados por el Centro de Economía Política Argentina y el
Centro Atenea, que repasan además la reconfiguración de la estructura
del empleo en los últimos dos años. Estos estudios señalan que la figura
de un Fondo de Cese Laboral facultará a los empleadores a desvincularse
de su responsabilidad de pagar una indemnización por los despidos sin
causa, abriendo a la vez una puerta a un modelo similar al de las AFJP.
También cuestionan la propuesta de las “prácticas formativas” destinadas
a los jóvenes, por constituir otra forma de trabajo precarizado.
El
CEPA reseña que desde diciembre de 2015 a febrero de 2018 se crearon,
según los datos oficiales, 345.449 nuevos empleos “registrados”. Sin
embargo, el 85,3 por ciento de esos nuevos puestos correspondieron a
monotributistas, empleados estatales y asalariados/as de casas
particulares. En contraste, en los dos últimos años del gobierno
kirchnerista sólo 8 de cada cien empleos creados eran de
monotributistas; el sector privado generaba el 28 por ciento del empleo.
Hoy son monotributistas 53,2 de cada cien nuevos empleados, mientras
que el sector privado genera apenas el 14,7 por ciento de los nuevos
trabajos. De esta manera, lo que se ve es un proceso de degradación
interna del trabajo: la pérdida de puestos formales –que afecta
marcadamente a la industria, el sector productivo con los salarios más
altos–, va acompañado de la creación de empleos sin relación de
dependencia, despojados de derechos y con ingresos bajos.
La precariedad del empleo monotributista puede medirse por los
derechos de los que carece, marca el CEPA: un monotributista no tiene
empleador, ni estabilidad laboral –emite facturas mensuales por la
“venta” de sus servicios–, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo. Al no
haber empleador, no existe quién haga aportes patronales, con lo que un
crecimiento del monotributismo desfinancia a la Anses. En casi todos los
casos, los monotributistas se jubilan con la mínima. Y quedan afuera de
los sindicatos, sin representación para pelear por sus derechos.
“La habilitación de las llamadas ‘prácticas profesionales’ va en el
mismo sentido. Tenemos el antecedente de las pasantías, que, habilitada
como figura legal en los ‘90, fue algo muy nocivo porque abrió la puerta
a que se contratara de cualquier manera a los jóvenes. Es la vía a la
precarización más absoluta”, definió Hernán Letcher, titular del CEPA.
“Casualmente, en ellas se promovía como hoy una ‘asignación estimulo’
no remunerativa. Ahora se extiende de algún modo el contrato a prueba a
un año, pero además sin aportes ni contribuciones. Es decir, mientras
dura la práctica formativa el empleador puede terminar sin costo la
relación laboral”.
En su informe, el Centro Atenea enfoca el proyecto que habilita la
creación de un Fondo de Cese Laboral. “Esto refiere a la paulatina
desaparición de las indemnizaciones por despido, lo que devela la
intención de que el empleador tenga a su libre disposición y sin costo
la fuerza de trabajo”, señala.
Para el Centro Atenea, este punto “es, tal vez, el mayor reclamo y
anhelo del sector empresarial desde la creación de la Ley de Contrato de
Trabajo (1974)”. “El Fondo faculta al empleador a desvincularse de su
responsabilidad de abonar la indemnización y se deja al trabajador en
una situación de vulnerabilidad respecto de su estabilidad laboral”.
“Por otro lado –continúa el análisis–, se establece la posibilidad de
capitalizar estos fondos, creando nuevas entidades financieras,
similares a las AFJP, manejadas por el Instituto Administrador del Fondo
de Cese Laboral Sectorial. El proyecto habilita que el trabajador, una
vez que se le notifica su despido, opte por cobrar de forma parcial y
periódica, dejando a libre disposición del Instituto la capitalización
de su saldo pendiente. Si bien se muestra como un beneficio para el
trabajador, que podría tomar parte de esa ‘capitalización y ahorro’ al
jubilarse o al renunciar, lo cierto es que en el caso de los despidos se
transforma en el signo de mayor precariedad laboral que registra la
normativa en nuestro país”.
Al pasar revista a los cambios en el cálculo de las indemnizaciones,
el CEPA enumera que el proyecto excluye el sueldo anual complementario,
las horas extraordinarias, las comisiones, los premios o bonificaciones,
las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de
periodicidad mensual normal y habitual. “Casualmente, hace sólo unos
días atrás, el titular de Techint, Paolo Rocca, mencionó que ‘hay que
darles a las empresas la posibilidad de crecer, pero también de
reducirse cuando es necesario, porque si no estamos con una rigidez que
perjudica’”, cita el informe. “La propuesta evidentemente se hace eco
del reclamo.”
El análisis de Atenea concluye que estas modificaciones en la
normativa relativa al trabajo “apuntan a precarizar el sistema de
relaciones laborales argentino. En el plano legislativo, normativo y
judicial se intenta ir degradando los derechos del trabajo, como
derechos protectores que funcionan como ‘equilibrio’ de una relación que
nace en la desigualdad entre el capital y el trabajo. El camino a la
individualización de la relación laboral deteriora, hasta su
desaparición, la poca capacidad de negociación del trabajador”.
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