Los trabajadores del INTA denuncian despidos y vaciamiento.
El
INTA confirmó que su planta de 7 mil 400 trabajadores será reducida en
un 8 por ciento. El presidente del organismo, Juan Balbín, reconoció
haber acordado con el Ministerio de Modernización que tendrá 600
empleados menos para abril del año próximo. Desde Apinta, el gremio del
sector, denunciaron que en el organismo ya se perdieron 250 puestos de
trabajo en los últimos seis meses y que la mayoría de las
investigaciones están paralizadas debido a la falta de presupuesto.
“Como en los ‘90, vamos a quedarnos otra vez sin generación de técnicos e
investigadores”, advirtió Mario Romero, titular del sindicato.
El ajuste fue decidido por el ministro Andrés Ibarra en el marco de
sus informes de “dotaciones óptimas”. El primer pedido de recorte fue
planteado a la dirección del INTA a fines del año pasado, pero no se
tradujo en despidos inmediatos: a diferencia de los otras dependencias,
el Instituto tiene autarquía, lo que le da cierta espalda. Con todo,
Modernización presionó hasta lograr la reducción de personal aunque
menos cruenta, sin cesantías pero que, sumado al recorte del
presupuesto, vacía al organismo.
“Cortaron el recambio generacional, y en este país sabemos lo que
significa perder una generación de investigadores y técnicos”, apunta
Romero. Durante los años noventa, Domingo Cavallo le quitó al Instituto
su autarquía y redujo la planta de trabajadores en un 30 por ciento.
Cuando el estado encaró su recuperación, después del 2005, recuerda el
dirigente, “tuvimos que mandar a los investigadores a formarse fuera del
país, ya que muchos conocimientos se habían perdido”.
Si bien hay un compromiso público de no cerrar ninguna de las
estaciones experimentales del INTA, el gremio indica que actualmente no
se están logrando hacer los trabajos de investigación y algunos de
extensión, destinados a los pequeños productores, por falta de
presupuesto.
El INTA tiene 356 oficinas técnicas, 15 centros regionales y 5
centros de investigación. “Combina algo que no sucede en ninguna otra
parte de Latinoamérica, que es que la extensión agropecuaria (el trabajo
de los técnicos con los productores) y de la investigación”, señaló
Manuel Martín, dirigente de la lista Verde y Blanca de ATE. “Esto le
agrega un gran valor a lo que hacemos, porque un producto que sale del
laboratorio se puede llevar de inmediato a los productores”.
Sin embargo, los recortes en su presupuesto han inactivado el
funcionamiento del instituto. “El 90 por ciento del presupuesto del INTA
se destina a sueldos. Nos queda un 10 por ciento para funcionar
operativamente, pagar los alquileres de algunas agencias, el
combustible, la luz y el gas. Es claro que no alcanza, y que cuando en
el invierno nos llegue el aumento del gas, sobre todo en las agencias de
la periferia, no va a haber plata para pagar los servicios, ni los
alquileres. Nos vamos a encontrar con que algunas agencias van a tener
que cerrar o mudarse al edificio de otro organismo, del municipio o las
gobernaciones”.
Un análisis realizado por ATE advierte que el problema es político y
no de fondos. “Lo que el Estado dejó de recaudar con la quita de
retenciones al agro equivale a 13 presupuestos anuales del INTA”,
indica. El documento compara también lo que demanda el funcionamiento
del organismo con los intereses que el Estado paga por las Lebacs. “En
el transcurso de un día el Estado pierde 750 millones de pesos en la
bicicleta financiera. Con esos recursos, el INTA resolvería los
problemas de financiamiento para poder pagar alquileres, combustible,
luz, gas, agua, papel y todo lo que necesita. De hecho, en la
elaboración del presupuesto, el INTA hizo una demanda de 600 millones de
pesos. Si esos fondos se destinaran a la Argentina y no a la
especulación, parte del déficit estaría resuelto y organismos como el
INTA contarían con recursos necesarios para funcionar”.
Fuente:Pagina/12
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