El
TOF 1 de San Martín condenó a Pedro Müller y Héctor Sibila a penas de
diez y doce años de prisión por haber sido partícipes de delitos
cometidos durante la dictadura contra trabajadores de la multinacional.
También fue condenado el represor Santiago Riveros.
Las víctimas y sus familiares llevaban pañuelos con la leyenda “Juicio y castigo. Ford Nunca Más”.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
El
Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a los ex directivos de la
multinacional Ford Pedro Müller y Héctor Sibila por el secuestro y las
torturas de trabajadores de la planta de General Pacheco, durante la
última dictadura cívico militar. Müller, que era jefe de manufactura en
el momento de los hechos, recibió la pena de diez años de cárcel.
Sibila, a cargo de la seguridad de la planta, doce años. El tercer
imputado, el represor Santiago Riveros, también fue condenado a quince
años de cárcel. El TOF consideró que las penas deben cumplirse en
cárceles comunes.
Aunque las condenas son sensiblemente menores a las alegadas por las
querellas y la fiscalía –sus pedidos fueron de 25 años para cada
acusado–, las penas son históricas ya que es la primera vez que la
Justicia argentina condena a directivos de una multinacional como Ford
no solo por su complicidad con el plan sistemático de la última
dictadura, sino por su participación directa en los crímenes de ese
genocidio. Por unanimidad, los jueces del TOF 1 de San Martín, Mario
Gambacorta, Osvaldo Facciano y Eugenio Martínez Ferrero, calificaron los
hechos debatidos en el juicio como delitos de lesa humanidad.
Tomás Ojea Quintana, abogado de los trabajadores víctimas junto a
Elizabeth Gómez Alcorta, definió la condena como “un logro
impresionante”. “Se hizo justicia. Quedó completamente acreditado que la
empresa Ford fue cómplice de la dictadura militar”, explicó. Interpretó
el fallo como “un hito importantísimo en el proceso de memoria, verdad y
justicia”. “Esperamos que a partir de esto todos los otros juicios
puedan tomar el camino correcto”, concluyó. Además, adelantó que la
querella intentará avanzar sobre la responsabilidad empresarial de la
multinacional. “Este juicio fue contra los individuos. Nuestro próximo
objetivo es la sociedad Ford y que sea la empresa la que rinda cuentas”,
apuntó.
El clima previo a la condena era optimista, como de llegada a una
meta ampliamente esperada. Los trabajadores de la Ford que sufrieron los
secuestros, las torturas y el encierro y cargaron sus consecuencias
hasta hoy, abandonaron la sala de audiencias de los tribunales federales
de San Martín con optimismo. A pesar de que tuvieron que escuchar, una
vez más, a Müller burlarse de ellos. Haciendo uso del derecho que le
corresponde a todo acusado de hablar antes de oír la sentencia en su
contra, dijo que había venido a la Argentina en el ‘49 y que desde
entonces trabajó en el rubro automotriz. Qué “siempre” se comportó de
manera “política sin molestar a nadie”. “Tengo la conciencia tranquila”,
acotó.
Fue el único que habló y, aún así, no empañó la jornada al grupo de
impulsores de la investigación, responsables de que lo que sucedió
dentro de la planta de General Pacheco aquellas primeras semanas del
golpe militar saliera a la luz y sus responsables sean investigados,
enjuiciados y condenados. No paraban de dar entrevistas, de abrazarse
entre sí y con sus familiares –compañeras, hijes, hermanos, amigues–,
aunque la ansiedad no los abandonaba. Todos y todas llevaban un pañuelo
blanco atado al cuello o a la muñeca con la leyenda “Juicio y castigo.
Ford Nunca Más”.
Luis María de Giusti es uno de ellos. Era delegado del comedor y
tenía 19 años cuando fue “levantado”, el día del golpe, junto a Jorge
Constanzo en un Ford Falcon dentro de la planta. Lo llevaron al quinto
con otros compañeros y lo torturaron durante horas. De allí, lo llevaron
a la Comisaría de Pacheco, luego a Devoto y luego a la U9 de La Plata.
Lo largaron al año. Momentos antes de escuchar el fallo, De Giusti
remarcó que “algo de angustia” sentía debido a que “muchos responsables y
muchos compañeros nuestros murieron” antes del juicio. Nicolás Courad,
que fue presidente de la planta durante los años de la dictadura, y el
ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galárraga murieron hace
años. Ellos, sostuvo De Giusti, “tuvieron la posibilidad de tener
nietos, de llevarlos a la plaza, de ir al club. Nosotros perdimos a la
mitad de los compañeros y no por viejos. Las torturas, el encierro sin
razón y sin motivo, sin juez ni abogado pasan factura. ¿Qué hicimos
nosotros para merecer lo que nos hicieron? Ni una piedra, ni un
naranjazo le tiramos a la Ford”.
Tras la condena, largó el llanto. “Imposible que no hubiera condena
si sobraron pruebas de que fueron ellos, los patrones, los que nos
entregaron”, sostuvo con la vista, a cada rato, alzada al cielo. “Hay
muchos compañeros que no llegaron. Para ellos también es esta alegría”,
completó.
Las condenas llegaron pasado el mediodía. Expresamente, el presidente
del tribunal advirtió a los presentes en la sala que no dijeran nada a
medida que él leía el extracto resolutivo del fallo. Momentos antes
habían ingresado Müller y Sibilla –Riveros permanece en prisión
domiciliaria–, a quienes los trabajadores, sus familias, los militantes
que fueron a acompañarlos, recibieron con un “como a los nazis les va a
pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Ante la advertencia del
magistrado, el ex delegado de Ford Pedro Troiani, una de las víctimas
del juicio, se desanudó el pañuelo y lo extendió para que Müller lo
viera.
El primer condenado del fallo fue Riveros, considerado coautor de
allanamientos ilegales, privaciones de la libertad y aplicación de
tormentos agravados por ser la víctima un perseguido político. Fue
penado con 15 años de cárcel, condena que se le suma a las otras –entre
ellas, varias perpetuas– que ha recibido estos últimos años por delitos
de lesa humanidad. A Müller y a Sibilla el tribunal los halló partícipes
necesarios de los secuestros que sucedieron dentro de la planta de
General Pacheco y de las torturas al grupo entero de trabajadores de la
Ford que resultaron víctimas de este episodio de terrorismo de Estado.
Al primero le dieron diez años de cárcel y al segundo, doce. Los jueces
declararon como delitos de lesa humanidad los hechos que se debatieron
durante el año de juicio oral y advirtieron que los condenados debían
cumplir sentencia en cárceles comunes, aunque la aclaración fue solo
conceptual ya que inmediatamente después de decirlo, habilitaron la
prisión domiciliaria para los tres. Ninguno tiene menos de 80 años.
Adentro y afuera de los tribunales estallaron los aplausos, que se
extendieron en abrazos y festejos a medida que los presentes fueron
desalojando las salas. A Carlos Propato, uno de los trabajadores
víctimas del juicio, la emoción apenas lo dejaba hablar. “Esto es
importante no solo para nosotros sino para todos los laburantes”,
destacó. “Hace 42 años que estamos esperando esto, 42 años de
sufrimiento nuestro, de todos nuestros compañeros, de nuestros hijos, de
nuestras familias”, contó Ricardo Ávalos, otra de las víctimas. Cuando
fue secuestrado, torturado y luego “blanqueado” en Devoto dejó “una nena
de cuatro años y otra de un año y ocho meses y mi compañera tuvo que
salir a buscar otro trabajo para mantenerlas. Sin razón me detuvieron,
sin ninguna razón nos hicieron pasar por todo esto. Éramos unos bichos
mal vistos y no era así, éramos simplemente obreros. Por eso hoy van a
tener que pagar”, completó.
La madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas celebró la condena. También
lo hicieron el fiscal federal Félix Crous, los referentes del Centro de
Estudios Legales y Sociales Horacio Verbitsky y Diego Morales; la
dirigente de izquierda Vilma Ripoll, y Victorio Paulon, secretario de
derechos humanos de la CTA: “Esto prueba más que la complicidad, estos
eran los dueños del golpe”, definió.
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